Ahora, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, obligó a la presidenta Claudia Sheinbaum a una campaña similar. Es posible que no se haya dado cuenta de que lo que ha hecho contradice su discurso contra “la guerra de Calderón” y que lo que tanto critica del expresidente es la estrategia escogida. El régimen le ha declarado la guerra al CJNG.

Se dio 24 horas después del relevo del secretario de Seguridad Pública michoacano por José Antonio Cruz Medina, señalado en los medios como hombre del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. Sin embargo, Cruz Medina, formado en la vieja Agencia Federal de Investigación bajo Luis Cárdenas Palomino, con buena formación nacional y extranjera, particularmente en el FBI, no llegó de la mano de García Harfuch, aunque provienen del mismo equipo, sino del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que fue quien originalmente lo llevó a Michoacán.

Ramírez Bedolla tiene un interés personal contra el CJNG –como el que también tiene García Harfuch–, y tras el asesinato de Manzo responsabilizó rápidamente al crimen organizado de la ejecución, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado lo respaldó al informar que el homicidio estaría vinculado con una disputa entre el CJNG y Los Caballeros Templarios. Los ojos voltearon hacia un lado del tablero criminal en Michoacán y no vieron la otra gran organización delincuencial en el estado, Los Viagras, clave para entender el entramado de la narcopolítica en el estado.

Ramírez Bedolla tiene una relación orgánica con Los Viagras, nacidos de las autodefensas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto –algunos ligados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, según información de inteligencia del gobierno federal–, y forman parte de Cárteles Unidos, a los que pertenecen tres familiares suyos, y que en las elecciones de 2021 contribuyeron para que llegara a la gubernatura.

El gobernador tiene el apoyo de Leonel Godoy, diputado, exgobernador y quien coordinó la precampaña presidencial del senador Adán Augusto López, cuyo hermano Julio César, desaparecido desde 2009, trabajaba para La Familia Michoacana, que fue absorbida por Cárteles Unidos. Los dos estaban en campaña contra Manzo, quien, cuando fue ejecutado, se encontraba atrapado en una disputa entre Los Viagras –no La Familia Michoacana, como dijo la fiscalía– y el CJNG, que nació en Michoacán, de donde también es originario su líder, Nemesio Oseguera, El Mencho.

Ramírez Bedolla y su fiscalía, de donde saltó Cruz Medina a la Secretaría de Seguridad, han borrado a Los Viagras de la ecuación del asesinato de Manzo, cuyas ramificaciones políticas parecen más fuertes que las delincuenciales, de acuerdo con personas que conocen el caso. El exalcalde, en el momento de morir, superaba por dos puntos al principal precandidato de Morena a la gubernatura, Raúl Morón, volviéndose un peligro para los intereses político-criminales en Morelia. No parece fortuito que las pistas del asesinato se vayan desvaneciendo entre misterios, como lo que hay detrás de la ejecución extrajudicial que hizo uno de los guardaespaldas de Manzo de su victimario, que ya estaba sometido, y el asesinato de dos de sus presuntos cómplices.

Los cabos sueltos se están eliminando y todavía no se sabe el móvil del crimen. Ramírez Bedolla, que antes del asesinato estaba políticamente débil, se ha fortalecido por la protección presidencial y su protagonismo en el Plan Michoacán. La presidenta hizo a un lado el informe sobre sus vinculaciones con el crimen organizado, en una decisión inentendible, porque el gobernador fue señalado por funcionarios del gobierno de Estados Unidos como uno de los políticos que querían que se procesara y juzgara por sus relaciones con los cárteles.

Sheinbaum ignoró las peticiones y respondió con su total respaldo a Bedolla y Cruz, que abrieron la guerra contra el CJNG, con el respaldo de García Harfuch. Las acciones contra esa organización fueron casi inmediatas, con un operativo federal y estatal para capturar a El Camaleón, el apodo del jefe de plaza del CJNG en la región lacustre de Michoacán, que provocó narcobloqueos en 16 municipios para que pudiera escapar. Logró evadirlos, pero lo neutralizaron.

La acción se presentó como parte de lo que se está haciendo dentro del marco Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, como ayer, cuando unidades del Ejército aseguraron en una casa en Jiquilpan –la tierra del general Lázaro Cárdenas–, seis artefactos explosivos improvisados, equipos tácticos y drogas, que pertenecían al CJNG. La comunicación política oficial los está presentando como logros de la nueva estrategia, pero visto a una mayor distancia, los regresa a 2006.

Como aquel entonces, se inició el combate contra un cártel poderoso. Empero, hay diferencias. En aquella ocasión el énfasis fue en La Familia Michoacana, una organización criminal muy fuerte y con arraigo social, que tenía acotado a Los Zetas; en la actualidad, el CJNG no es el más fuerte en Michoacán, sino Cárteles Unidos, que tiene en Los Viagras su brazo armado. Otras organizaciones que operan en el estado, como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, y una decena más de grupos de menor calado, no son objetivos prioritarios.

No hay explicación táctica ni estratégica para que se hayan embarcado en este momento en una guerra directa contra el CJNG, haciendo de lado al resto de los grupos criminales. La presidenta dijo ayer, a manera de explicación del por qué no se hacía un plan similar para Sinaloa, que la situación era muy diferente: había sólo dos organizaciones criminales en Sinaloa, y un abanico de grupos que hacen la solución en Michoacán mucho más compleja. Es todavía más distinta.

En Sinaloa las órdenes son de contención, no de enfrentamiento. En Michoacán son de combatir a los criminales, pero no a todos, sino sólo al CJNG para expulsarlo del estado. Si tienen éxito, el régimen, pero sobre todo Ramírez Bedolla y quienes lo apoyan desde la Ciudad de México, serán los beneficiados. Calderón arrancó una guerra total, sin compromisos con nadie. Sheinbaum está iniciando otra, pero sólo contra el CJNG, a sabiendas de los compromisos políticos existentes y, más grave aún, tolerándolos.