y mentor, Andrés Manuel López Obrador.

El plan de paz y pacificación que anunció ayer para Michoacán es una salida rápida al aprieto en el que se encuentra, pero no pretende una solución de fondo. El plan busca cubrir el haber dejado a su suerte a Manzo, contra quien una campaña indigna –que impulsó para minimizar el crimen y dejar que se deslizara la justificación de que era permisible por tener una agenda de extrema derecha, lo que en sí era mentira–, había alimentado las críticas de “libertarios” y radicales de oposición.

Desviar el foco de López Obrador, a costa incluso de ella. De ahí, insistir en las bondades de la estrategia de “abrazos, no balazos” de López Obrador que dejó más de 200 mil muertos y un país entregado al crimen organizado. La devoción de Sheinbaum por López Obrador es auténtica, y se muestra dispuesta a defenderlo hasta la ignominia, porque eso, quiera o no, es lo que está sucediendo. Una vez más parece, hasta este momento, haber llegado al tope de lo que está dispuesta a hacer. Prueba pública es su respaldo al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, e intramuros, sus diferencias con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por profundizar investigaciones criminales que le han provocado fricciones con el obradorismo.

La crisis metió en contradicciones al régimen y dividió a los cuatroteístas moderados de los radicales, que emergieron la semana pasada, llena de equívocos en Palacio Nacional, de sacrificar a sus voceros para que defendieran la miserable posición que más importante que la ejecución de Manzo era que había sido utilizado por la oposición y los medios para atacar al gobierno. La gente no es imbécil, como lo demostraron los michoacanos en sus manifestaciones de repudio al gobierno de Ramírez Bedolla y la condena a Sheinbaum por abandonar a Manzo. No hay forma de darle la vuelta salvando a López Obrador, porque la realidad no se lo permite. Pero la presidenta no ceja en protegerlo.

Timará a sus clientelas electorales e incluso a simpatizantes genuinos, criticando al pasado. Se sacó de la manga un plan de paz para Michoacán, casi idéntico –aunque menos ambicioso, 100 acciones contra 250 de su antecesor–, que el que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en 2014, inspirado en el del presidente Felipe Calderón para Ciudad Juárez.

Sheinbaum –como su jefe político–, les ha echado las culpas de la violencia, pero los datos la contradicen: la guerra contra las drogas de Calderón dejó un saldo de homicidios dolosos en Michoacán de cuatro mil 170; el número de homicidios dolosos con el plan de Peña Nieto se estima entre cinco mil 800 y siete mil, mientras que con López Obrador rondó entre 12 mil y 13 mil –más que sus dos antecesores juntos–.

Los homicidios dolosos en Michoacán durante 12 meses del gobierno de Sheinbaum se estiman entre mil 200 y mil 450, que casi duplican los que se cometieron en promedio por año durante la guerra de Calderón.

Las estadísticas desnudan al régimen, que apuesta a la narrativa golpeadora, difamadora y mentirosa para respirar. Uno de los argumentos más distorsionadores de la realidad que empleó la propaganda del coordinador de asesores presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, fue equiparar a Manzo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que ha pacificado a su país a costa del Estado de derecho y las libertades individuales.

Manzo nunca planteó violentar la ley, ni tampoco podía: los recursos para enfrentar a los criminales los tiene el gobierno federal. Morderse su propia cola quedó evidenciado con el hecho de que uno de sus principales voceros, el diputado de Morena Arturo Ávila, proveedor de equipo para el Ejército en el sexenio de Peña Nieto, vendió vehículos militares al gobierno de Bukele, de acuerdo con revelaciones de Mexicanos Contra la Corrupción.

La hipocresía es la esencia del régimen. También los argumentos tramposos. El viernes, por ejemplo, la presidenta dijo que “la derecha” criticó la estrategia de “abrazos, no balazos” porque decían que eran “abrazos a la delincuencia”. Nadie planteó nunca eso, agregó, lo que es cierto. Ni López Obrador, con el cinismo y la cara dura que tiene, se atrevió a declarar tal insensatez, pero en los hechos, así fue. Al terminar su sexenio, casi la mitad del país –mil 225 municipios–, se los había entregado al crimen organizado, porque esa política desmanteló la institucionalidad y regaló la gobernanza a los cárteles de las drogas.

Sheinbaum hablaba directamente del enfoque de López Obrador de atender las causas de la violencia, que se centraba, como lo hace ella, en los sectores más pobres de la población, criminalizando a quienes viven en la marginalidad. Pero la forma como lo hizo provocó una tragedia nacional: no se “atendieron” las causas, proporcionaron financiamiento adicional a jóvenes criminales. Antes de López Obrador, la edad promedio de los sicarios se estimaba alrededor de los 24 años. El presunto asesino de Manzo tiene 17, como el presunto asesino del abogado David Cohen en la Ciudad de México. Informes recientes de diversas instituciones señalan que la edad de los sicarios se encuentra entre los 12 y los 16 años.

Según el desaparecido Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y el CIDE, no hay pruebas contundentes de que el programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que creó López Obrador, redujera el reclutamiento criminal entre los jóvenes. Les dio más dinero, encontró el Instituto Belisario Domínguez del Senado, pero no logró su inserción al mercado laboral. El programa “Sembrando Vida” tampoco modificó la dinámica rural de violencia.

Los programas sociales son necesarios para el largo plazo. Los incluyeron en sus estrategias Calderón y Peña Nieto, pero fueron insuficientes. López Obrador sólo repartió dinero, y ya vimos lo que resultó: subieron mucho los muertos. Para que funcionen los programas sociales se requieren el disuasivo de enfrentar a los criminales para forzarlos a encontrar otras alternativas de vida. Sheinbaum arrancó por el camino correcto, pero ya puso freno porque estaba afectando a López Obrador. No podía permitirlo. Por ahora, primero él que el país.