Impunes ataques a periódicos de Córdoba
•El Buen Tono fue quemado en 2011 y, a la fecha nada de los responsables; El heraldo recibe bombazo y es como si nada hubiera pasado
•Reporteros han sido blanco de amenazas, algunos se retiraron, otros emigraron
Zona Centro.- El clima de violencia en la zona centro del estado alcanzó en el último lustro a varios medios de comunicación, concretamente...
Laura Rojas
periódicos, que con líneas editoriales críticas han tratado de posicionarse en el mercado, pero que han encontrado un enemigo común: la delincuencia, que en el año 2011 provocó el incendio del diario “El Buen Tono” y en este 2015, un estallido de bomba en “El Heraldo de Córdoba”.
Paralelo a eso, las amenazas a periodistas que han tenido que abandonar sus empleos, e incluso editores independientes que suspendido sus publicaciones por el temor se ser el objetivo de la violencia.
Mientras tanto, las autoridades encargadas de investigar los hechos, de procurar justicia, mantienen prácticamente “empolvados” los expedientes de denuncia, donde a pesar de haber desahogado actuaciones espontáneas, hasta el momento no han logrado dar con los responsables de esos actos que vulneran la libertad de expresión.
Los atentados contra los diarios y algunos comunicadores, se han gestado a la sombra del poder político y económico, donde poco o nada han logrado hacer tanto las autoridades como los organismos públicos entre ellos la Comisión de los Derechos Humanos, y la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, que sólo figura cuando algo grave sucede en algún lugar del estado, o al menos así se percibe.
Los hechos han provocado además que de unos años a la fecha, los reporteros hayan preferido no abordar temas en materia de seguridad, como enfrentamientos, ejecuciones, secuestros o robo de combustibles, que se han puesto de moda en los últimos días, para abocarse sólo a cuestiones políticas y de interés general. La mayoría de los trabajadores del gremio periodístico ha optado por publicar los hechos, objetivos, reportajes ligeros, versiones oficiales, sin ahondar en investigaciones, ni especulaciones, nada que pueda significar un riesgo a la hora de informar.
EN EL 2011 FUE INCENDIADO “EL BUEN TONO”
La madrugada del 6 de noviembre del año 2011, fueron incendiadas las instalaciones del periódico “El Buen Tono”, al ser atacadas por un grupo de aproximadamente 15 sujetos, encapuchados, que portaban armas largas, y que obligaron al personal a replegarse al área de maquinaria.
Sin soltar sus rifles de asalto, los individuos destruyeron equipo de cómputo, desalojaron a los empleados y después rociaron gasolina en el interior, donde prendieron fuego.
“El Buen Tono”, ubicado en la avenida 1 y calle 36, tenía aproximadamente 2 meses de haber salido a la luz pública, con una línea crítica, con la inquietud de su propietario, el empresario del transporte José Abella García, como un desafío al “maridaje” que se venía gestando entre los medios de comunicación existentes y los gobiernos.
El periódico nació, según el dueño “para denunciar a la bola de políticos y funcionarios, corruptos, ineptos y ratas, que se roban el dinero del pueblo, sin que nadie les diga nada, y que están protegidos por los periódicos coludidos, que les tapan lo que hacen, a cambio de favores. Les advertimos a esos periódicos que si no se componían les íbamos a poner un periódico que les dijera sus verdades”.
De acuerdo con personal que laboraba en ese medio, desde una semana antes habían recibido amenazas por parte del crimen organizado, por publicar notas relacionadas con casos de secuestros y enfrentamientos entre grupos armados, que a los ojos de los malosos, hacían que se “calentara” la zona.
La Procuraduría General de Justicia del Estado inició la investigación ministerial 1658/2011 por el delito de estragos, mediante la cual realizó las pruebas periciales para determinar las causas que originaron el incendio, pero en los primeros meses y años, no logró indagar gran cosa.
El día del atentado, “sólo vimos cómo entraron los sujetos armados, nos empujaron y comenzaron a rociar gasolina. Nos dijeron que ya nos habían advertido y que no entendíamos”, cuenta uno de los empleados desde el anonimato.
En esa ocasión, elementos de bomberos acudieron para controlar el siniestro, mientras que de manera tardía llegaron policías estatales, municipales y elementos de la Marina, que nada pudieron hacer para atrapar a los responsables.
Ante la estela de terror que obligó a varios empleados a abandonar su trabajo, el gobernador Javier Duarte de Ochoa sólo lamentó los hechos y anunció que ordenó acelerar las investigaciones para conocer las causas del siniestro.
Al manifestar su solidaridad con los directivos, reporteros y personal de las distintas áreas, expresó haber instruido al entonces procurador general de Justicia del Estado, Amadeo Flores Espinosa, a agilizar la investigación y el peritaje para esclarecer los hechos.
Aún cuando testigos señalaron que hubo disparos y al menos una granada fue detonada por los delincuentes, las autoridades reportaron que no se detectaron restos de casquillos, ni fragmentos de granadas, pero sí un galón de 10 litros de gasolina, en una bodega del periódico.
El dueño del periódico, también excandidato panista a la alcaldía de Córdoba, José Abella, condenó el ataque a su rotativo a través de las redes sociales y dijo estar firme para continuar con su proyecto. “Me quemaron el periódico, pero no las ganas”, afirmó.
“Muchos se han ofrecido a ayudar. Me gustaría que fuera en difundir, que no compren el periodicucho ese, ya que es parte importante de la culpa, junto con las autoridades, por estar coludidos con ellos, de que esta inseguridad haya llegado a lo que estamos viviendo”, acusó, haciendo referencia al periódico “El Mundo de Córdoba”.
Desde esa fecha, la “Compañía Periodística de Las Altas Montañas”, ofreció los videos de las cámaras de seguridad que había en el edificio, como parte de las investigaciones, pero durante muchos meses la Procuraduría hizo caso omiso a la petición del diario. En esos videos podían verse los agresores, rociando gasolina y prendiendo fuego, y uno de ellos salir corriendo, olvidando su arma, por lo cual tuvo que regresar posteriormente. “Como no lo agarró la lumbre ahí”, decían a manera de burla los espectadores llenos de rabia.
Al transcurso de los meses, los años, las exigencias de justicia y críticas del periódico hacia el ex procurador Amadeo Flores Espinosa fueron subiendo de tono, al grado de tacharlo de incompetente y corrupto por no querer meter a la cárcel a los responsables, a pesar de que en el video se apreciaban varios de ellos, y de que posteriormente fueron detenidos algunos de ellos.
Según consignó de forma exclusiva blog. expediente.com, fue en noviembre del año 2012 cuando elementos de la Marina-Armada de México, dentro del operativo “Veracruz”, capturaron a tres sujetos, entre ellos a Ignacio Valdés Ramírez, alias “El Chilango”.
Este sujeto, en sus declaraciones ante el fiscal especializado, adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina, Pedro Alberto Huesca Barradas, confesó que él, junto con otros individuos, incendiaron las instalaciones del periódico. Señaló como autor intelectual a un sujeto identificado como Reynaldo Bernardi Castelán, y argumentó que el móvil habían sido problemas legales entre ese individuo y José Abella, por un rancho.
Desde entonces, mediante artículos editoriales, el periódico arreció sus exigencias de justicia, reclamándole al ex procurador de justicia aplicar la ley, e incluso pidiendo su renuncia por no cumplir con su deber.
Meses después, a través de su apoderado legal, David Ambrosio Molina, la empresa periodística promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, para demandar vigilancia y resguardo, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El fallo fue a su favor.
Consiguió la custodia que permaneció por varios meses, pero después fue retirada, por lo cual nuevamente fue demandado el cumplimiento de esa garantía.
Tras un proceso legal, la compañía periodística logró nuevamente que a finales del año 2013, luego de la amenaza de plagio de la jefa de información Viridiana Bretón Feito, el gobierno estatal volviera a asignar la vigilancia policiaca afuera de las instalaciones del periódico. Sin embargo, esta guardia preventiva, a últimas fechas ha sido de manera esporádica.
LA AGRESIÓN A “EL HERALDO DE CÓRDOBA”
La madrugada del pasado jueves 29 de enero, sujetos desconocidos lanzaron un artefacto explosivo adentro del garaje del periódico “El Heraldo de Córdoba”, donde no hubo personas afectadas ni daños mayores; pero sí crisis nerviosa de los empleados.
“Eran como a las 3 y media de la mañana, cuando personas desconocidas levantaron el portón poco más de un metro, y aventaron la bomba molotov, pero no tuvieron suerte, a pesar de que adentro había pacas de periódico, así como unas motocicletas ya cargadas para salir a vender, y por fortuna no agarraron lumbre, si no, otra cosa hubiera sido”, cuenta la directora editorial, Daniela Jácome Hernández.
“El Heraldo de Córdoba” es un tabloide que llegó a instalarse en marzo del año pasado, estableciendo sus oficinas en un edificio ubicado en la avenida 9 bis y calle 10, del fraccionamiento San José. En esa ocasión llegaron directivos de la cadena de diarios del mismo nombre, funcionarios del gobierno estatal y hasta el senador Héctor Yunes Landa. Se afirmaba que el periódico venía a desmantelar a otros medios locales.
Aunque inicialmente la línea de este diario tendía hacia el oficialismo, meses después, tras una serie de cambios que incluyó cierre del periódico por algunos días y renovación del personal, que incluso inició demandas laborales, el “Heraldo de Córdoba” volvió a la luz pública, con una visión más crítica.
Ahora, en su portada, han aparecido reportajes que critican, por ejemplo, al secretario de gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, quien según algunos alcaldes y personajes públicos, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, no hizo gran cosa en municipios de la sierra de Zongolica.
También aparecen reportajes, por ejemplo, sobre los altos salarios que otorga el presidente municipal de Córdoba, Tomás Ríos Bernal, a sus amigos, y donde incluso uno de los reporteros que firma las publicaciones, recientemente dejó de trabajar en el área de Comunicación Social del Ayuntamiento.
Pero además, en recientes publicaciones de este diario, que cuenta con edición para Córdoba y Orizaba, se puede leer que en la contraportada, aparecen, a manera de reclamo, de exigencia, y hasta de denuncia, el llamado a varios clientes del periódico, para que pasen a liquidar “a$unto$ pendiente$” con la empresa.
Hasta el momento, señala Daniela Jácome, “las autoridades nos han estado apoyando, ya que ese día llegó Seguridad Pública, y también nos ha ayudado la Comisión para la Defensa de los Periodistas, yo acudí a presentar una denuncia en el Ministerio Público, que fue la investigación 301/2015, y estamos en espera de que se realicen las investigaciones, para ver de dónde viene esto, yo desconozco cuál será el trasfondo de estos hechos, no podemos decir que esté relacionado con el trabajo periodístico, pero es algo que nos tomó por sorpresa”.
Según la responsable de la edición, las autoridades ministeriales están investigando, y en los próximos días acudirá “para ver qué es lo que se ha indagado, para tratar de saber de dónde viene este asunto”.
Aseguró: “No tenemos miedo porque hemos estado tratando de realizar un trabajo informativo lo más veraz posible, tampoco me gusta manejar temas que sean de cuidado, es más ni sección policiaca tenemos. La información que pudiera considerarse crítica, toda se ha manejado con sustento, de manera responsable”.
El director general de este medio, dice, es el capitán, el piloto aviador Israel Ruiz Zepeda, quien ha sido objeto de amenazas y hostigamiento.
Explicó: “Yo entré a laborar el 13 de octubre del año pasado y desde entonces no había recibido amenazas, aunque él si había sido amenazado y hostigado, por lo que el día 30 del mismo mes, acudió a presentar una denuncia -en contra del diputado Eduardo Sánchez Macías- por acoso y amenazas”.
Detalla: “Yo no sé en qué consistieron las amenazas, eso se lo hicieron al capitán, la cosa es que las autoridades no habían hecho nada y ahora con lo que pasó, con lo de la bomba que vinieron a tirar, esta denuncia volverá a ser retomada”.
Jácome Hernández insiste en que ella y los 20 empleados entre reporteros, fotógrafos, editores, publicistas y distribuidores, que ahí laboran, “no tenemos miedo, nosotros vamos a seguir trabajando, no sabemos quién o quiénes sean los autores de estos actos, allá fuera hay muchos enemigos y esto nos tomó por sorpresa porque no nos lo esperábamos; pero nosotros seguiremos con la labor de informar, porque ese es nuestro objetivo, y serán las autoridades quienes se encarguen de investigar los hechos”.
Esta semana en el periódico, añade, la plantilla laboral sigue trabajando normal, publicando noticias de lunes a viernes y hasta el momento no han notado la presencia de gente extraña o sospechosa cerca del edificio. “Ahora con lo que pasó se incrementarán las medidas de seguridad”, confía.
ALGUNOS CASOS POR MENCIONAR
La zona centro del estado, ha sido escenario de varios casos de amenazas a trabajadores de la información.
Por ejemplo, en el año 2006, fue asesinado el corresponsal de una televisora, en la región de Orizaba, Adolfo Sánchez Guzmán, y sufrieron amenazas de muerte los reporteros Saúl Contreras y Rafael Saavedra, del diario “El Mundo de Córdoba”.
Otras amenazas fueron para directivos del mismo diario, como el actual director editorial, Mauricio Delgado, y el editor del diario local de Tezonapa, Veracruz, “Diario A Tiempo”, Javier Cancino, que en el año 2013 se vio en la necesidad de cerrar por varios meses al recibir amenazas por las publicaciones de denuncia de cacicazgos y liderazgos, así como varias irregularidades de los gobiernos, en esa zona limítrofe de los estados de Veracruz y Oaxaca.
Más recientemente, también se conocieron amenazas al periodista Eleuterio Espinoza Benítez, del portal “El Informante de Veracruz”, y a la exjefa de información del “Buen Tono”, Viridiana Bretón Feito, quien ante la amenaza de plagio tuvo que ser rescatada por personal de la Marina.
SITÚAN A MÉXICO COMO PAíS PELIGROSO PARA EL EJERCICIO PERIODíSTICO
De acuerdo con información difundida por la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), México es el sexto país del mundo con más homicidios de periodistas. El informe establece que nuestro país está igualado con Afganistán y Filipinas en el ranking de 23 naciones, que encabezan Siria, con 15 homicidios; los territorios palestinos con siete; Ucrania con seis, e Iraq y Libia que reportan cuatro cada uno.
Tan sólo el año pasado, los reporteros que fueron asesinados en México son: Gregorio Jiménez, de los diarios “Notisur” y “Liberal del Sur”, y quien fuera ejecutado en Coatzacoalcos, el 11 de febrero. Octavio Rojas Hernández, corresponsal del diario “El Buen Tono”, en Cosolapa, Oaxaca, ultimado el 11 de agosto, y Jorge Torres Palacio, periodista de “El Dictamen de Guerrero”, asesinado el 2 de junio.
Este año, figura el homicidio del periodista de Medellín de Bravo, Veracruz, Moisés Sánchez Cerezo, donde resultaron implicados el ex policía intermunicipal Noé Rodríguez Martínez, hoy procesado y sujeto a la traba de la formal prisión, así como el alcalde panista Omar Cruz Reyes.
El año pasado, la organización Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades federales y del estado de Veracruz para que investigaran “de manera pronta e imparcial”, el asesinato de Gregorio Jiménez y de otras dos otras personas que fueron encontradas en el municipio de Las Choapas.
“En el caso de Gregorio Jiménez esta investigación deberá agotar la posibilidad de que su asesinato ocurriera como consecuencia de su labor como periodista” insiste el organismo humanitario.
Amnistía Internacional recordó a las autoridades “su obligación de garantizar que quienes ejercen el periodismo, puedan llevar a cabo su labor sin temor a represalias”.
Cabe mencionar que actualmente, corporaciones policiacas y militares han mostrado más facilidades a los trabajadores de los medios de comunicación, para realizar sus actividades, en parte para atenuar la situación de tensión y rispidez a que se ha llegado con todas las agresiones que se han registrado.